Una exdiputada boliviana denuncia penalmente a los responsables del golpe de Estado contra Evo Morales

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En la demanda están señalados el opositor Luis Fernando Camacho; el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman; y el exdirector de la Policía Nacional, Yuri Calderón.

La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty interpuso una denuncia penal contra el líder opositor de extrema derecha, Luis Fernando Camacho; el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman; y el exdirector de la Policía Nacional, Yuri Calderón, por su responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019. 

«Hemos puesto una demanda ante el Ministerio Público (…) porque nadie está haciendo [seguimiento], porque ellos están libres, tranquilos y han desestabilizado económicamente, políticamente, han desestabilizado nuestro país», dijo Patty, según reportó la agencia de noticias Fides. 

La exdiputada masista señaló a Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz y candidato presidencial en los pasados comicios, y a su padre, José Luis Camacho Prada, de supuestamente negociar y pagar a los uniformados para perpetrar el golpe.

La demanda interpuesta ante la Fiscalía de La Paz acusa a la familia Camacho, a Kaliman y a Calderón de los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración

Golpe de Estado

En medio de las fuertes protestas en Bolivia tras los resultados electorales de octubre de 2019, Morales anunció unos nuevos comicios. No obstante, la presión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional lo obligaron a renunciar a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019.

El mandatario anunció esta decisión después de que Kaliman le sugirió, en nombre de las Fuerzas Armadas, dejar el poder «ante la escalada de conflicto» que atravesaba el país. Calderón también se sumó a la exigencia contra Morales.

Tras el golpe de Estado, Morales huyó a México para salvar su vida y la exsegunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta interina del país. 

A finales de diciembre, se difundió un video en redes sociales en donde Camacho admitía ante colaboradores que su padre había acordado con el Ejército y la Policía que no salieran a responder a las movilizaciones en contra de Morales. 

«Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Con la Policía de la misma manera, fue él«, aseguraba Camacho en la grabación. 

Durante un año, el Gobierno de facto de Áñez usó a las instituciones de seguridad y justicia para perseguir a personas vinculadas con Morales y con el MAS, según documentó la organización Human Rights Watch.

«Ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo», señaló la organización en un informe. 

Pese al golpe de Estado, el pasado 8 de noviembre, el MAS regresó al poder, con el contundente triunfo de Luis Arce en las elecciones presidenciales. Morales también pudo volver a su país al día siguiente, tras su exilio en Argentina.  





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